Desde que se decretó el estado de alarma solo se renuevan concursos esenciales
La declaración del estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus, producida el pasado 17 de marzo, provocó la paralización de la contratación pública. Una limitación, que hoy, un mes y medio después y con ciertas actividades comenzando su particular desescalada, sigue vigente. Ante esta situación, los ayuntamientos y las comunidades se han movilizado, reclamando en varias misivas al Gobierno que abra de nuevo la plataforma de la contratación para realizar actuaciones que consideran «esenciales».
El artículo 34 del real decreto-ley por el cuál se estableció el estado de alarma reza que los contratos públicos «quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse». El artículo recogía no obstante cuatro excepciones: los contratos de servicios sanitarios; los de servicios de seguridad, limpieza o mantenimiento de sistemas informativos; los que garanticen la seguridad de las infraestructuras y los que sean adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos.
Son estas excepciones las que han permitido que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pueda reanudar determinadas licitaciones en los últimos días. Pero los ayuntamientos y las comunidades consideran estas salvedades del todo insuficientes.
«Los consistorios tenemos las manos atadas. Hemos perdido unas semanas muy valiosas y estamos dejando de realizar actuaciones necesarias», explican fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Estas administraciones locales recuerdan que la construcción ya ha vuelto al trabajo y por tanto «no tiene sentido que se mantengan las restricciones». Además, consideran que esta medida estimularía el empleo, ya que estiman que por cada millón de euros destinado a proyectos de contratación se podrían contratar entre 5 y 10 trabajadores.
Apoyo de la construcción
Distintos ayuntamientos creen asimismo que esta medida podría evitar una cascada de despidos entre las adjudicatarias y no pondría en juego las recomendaciones de distanciamiento social, ya que toda la contratación pública se realiza ya de forma telemática. Desde la FEMP también lamentan que todavía no se ha aprobado el decreto que les permitirá invertir los 28.000 millones que acumulan de superávit.
Las patronales de la construcción también han insistido en levantar las restricciones a las licitaciones. El desplome de la contratación pública ha dado la puntilla a uno de los sectores más damnificados por la crisis sanitaria desatada por el Covid-19. Según los cálculos de la patronal de las grandes constructoras y concesionarias, Seopan, las obras públicas producen de media 1.233 millones de euros al mes con 152.000 empleos directos. Esta organización destaca que la licitación pública se situó en marzo en 541,2 millones de euros, frente a los 1.302 millones de febrero, lo que representa una caída del 58,4%, debido al parón de la actividad por el estado de alarma a causa del Covid-19.
El Ejecutivo, sin embargo, no se plantea por el momento levantar estas restricciones. Ayer mismo el presidente del Gobierno fue interpelado por este asunto y aseguró que la contratación pública estaba operativa. Tal y como publicó ABC, varios presidente autonómicos reclamaron al presidente del Ejecutivo que abriera estos contratos en el encuentro que mantuvieron con él el pasado domingo.
